Argentina teme el retorno de los ‘años de plomo’

Diario El Nuevo Siglo - Bogotá, Colombia - 30/09/2006

UN TESTIGO DE LA DICTADURA DESAPARECIDO

Por Maximiliano Perel
Especial para EL NUEVO SIGLO
BUENOS AIRES

Los tiempos de incertidumbre y temor que generó la última dictadura volvió a las mentes de los argentinos tras las recientes amenazas que ha recibido la justicia, en momentos en que se adelantan procesos contra ex militares

LA CONDENA impuesta a un ex policía acusado de haber torturado a personas que fueron detenidas durante la ‘guerra sucia’ (1976-1983) fue visto como un gran paso de la justicia argentina, tras más de un año de declararse inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Sin embargo, este paso histórico ha sido empañado por amenazas a los jueces que participaron en el proceso de Miguel Etchecolatz, además de la desaparición de unos de los testigos clave en el juicio y que hoy tiene consternada a la sociedad argentina, que en palabras del presidente Néstor Kirchner manifiesta la gran preocupación por esta situación: "Dios quiera que todo sea distinto a lo que uno imagina. Pero el pasado no está ni derrotado ni vencido, estemos atentos, los argentinos no podemos dejar que se vuelva a ese pasado".

La víctima
Jorge Julio López es un albañil de 77 años que vive en Los Hornos, una localidad en las cercanías de la ciudad de La Plata. Su testimonio fue fundamental para que el Tribunal Federal N° 1 de esa ciudad condenase al ex comisario de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, a reclusión perpetua, tras haber sido encontrado culpable del delito de genocidio, figura jurídica incorporada por el tribunal platense.
Durante la última dictadura militar, el ex director general de investigaciones de la policía bonaerense estaba a cargo de 21 centros clandestinos detención, tortura y exterminio (CCD) hasta donde eran conducidas las personas que, a criterio del terrorismo de estado imperante por entonces, estaban vinculadas con la subversión, más precisamente con los grupos guerrilleros, que resistían contra quienes habían quebrantado el orden constitucional en marzo de 1976.
López, que por entonces era colaborador periférico de una unidad básica del peronismo vinculada con la organización Montoneros (grupo armado de la izquierda peronista), fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y conducido al CCD conocido como “Pozo de Arana” donde, un día después, era sometido a la picana eléctrica con el fin de extraerle información. Los interrogatorios eran supervisados por Etchecolatz, el que a la voz de “subile, subile”, ordenaba que se aumentase el voltaje de las descargas que le aplicaban al cuerpo de López, atado con alambre a un camastro de metal.
El destino quiso que López no corriese la misma suerte que los 30.000 detenidos desaparecidos que se cobró el régimen de facto y que, treinta años después, declarase en el juicio contra su verdugo. Su testimonio fue decisivo para la posterior condena que recibió Etchecolatz.
Hace doce días, López debía presentarse en el lugar donde se celebró el juicio para cumplir con algunas formalidades pero nunca llegó. Su nueva desaparición ha conmocionado a la opinión pública y también hace temer que lo peor de los ‘años de plomo’ se haya reeditado en plena democracia. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, sostuvo que “pudo haber sido secuestrado por su condición de testigo fundamental en el caso Etchecolatz”.
El gobierno provincial se ha abocado a la intensa búsqueda de López sirviéndose tanto de las fuerzas de seguridad como de los medios de comunicación. La televisión muestra permanentemente su fotografía y se ha ofrecido una recompensa de 200.000 pesos argentinos (unos 65 mil dólares) para quien pueda aportar datos concretos que permitan ubicarlo.
Asimismo, y sin contar con la presencia de los familiares, el miércoles 27 se realizó una marcha multisectorial en la Plaza de Mayo demandando la inmediata aparición con vida de López.
Los distintos grupos sociales le reclamaron al Ejecutivo que después de 30 años del golpe de Estado, aún no se han desmantelado completamente los restos del aparato represivo enquistados en las fuerzas de seguridad.