La aprobación de la ley de medios argentina acelera los tiempos para la oposición y el oficialismo
A pocas horas de ser sancionada y promulgada en tiempo récord, la flamante ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, será, igual que antes y durante su paso por el Parlamento, uno de los temas centrales que marcarán tanto la agenda política como la judicial en Argentina.
Una vez aprobada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la oposición apuesta al recambio parlamentario del 10 de diciembre, fecha a partir de la cual será mayoría, para introducir las modificaciones que considera “urgentes” a la norma. Una de ellas consiste en dilatar la obligada sangría a la que deben someterse, en el lapso de un año, los grandes conglomerados de multimedios, como el Grupo Clarín o el mendocino Grupo Uno, por exceder el tope de 10 licencias por adjudicatario que impone la nueva norma. De todas formas, tal plazo se verá extendido de forma inevitable dado que aún resta constituirse la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo creado a instancias de la nueva ley, que regirá de ahora en más la actividad radiofónica y dependerá de la Secretaría de Medios de la Nación.
La conformación del directorio del nuevo organismo, otro de los blancos a los cuales apunta el arco opositor por considerarlo herramienta para el reparto discrecional de licencias, es otra de las urgencias a ser atendidas. Uno de los motivos para ello es que cuatro de sus siete miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo, lo que le otorga mayoría automática en ese directorio, aunque los tres restantes integrantes serán designados a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, de forma tal de representar con ellos a la primera, segunda y tercera minoría.
Urgencias oficiales
También el oficialismo busca apurarse. Tal como debió acelerar el ingreso del proyecto de ley y su sanción en el Parlamento, los apuros estriban ahora en dejar establecido el andamiaje institucional a fin de que la nueva ley, además de estar ya promulgada, se aplique efectivamente.
Hasta el momento no trascendió nombre alguno para ocupar los cargos que en la Autoridad designe el Poder Ejecutivo ni cuándo entrarían en funciones. Lo que sí está claro es que la urgencia oficialista es directamente proporcional a la escasez de días que faltan para el 10 de diciembre, y apunta en especial a la aplicación de los puntos esenciales de la nueva ley. El objetivo es que la ley esté en vigencia realmente antes de la posible modificación o derogación de artículos por parte del nuevo Parlamento. Sin una mayoría abrumadora, la oposición, compuesta en mayor medida por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, el peronismo disidente y la Coalición Cívica, buscará, con la mayoría parlamentaria asegurada por dos años, socavar los artículos que, a juicio de estas fuerzas políticas y también de los propietarios de los diferentes multimedios, van desde lo inconstitucional hasta lo ilegal.
El feriado del lunes demoró un día la salida a escena de la ley en el escenario político, mediático y también institucional, salida que marcará su derrotero hacia el día ue asuma la nueva legislatura. Este período será utilizado tanto por el oficialismo como por la oposición para incidir lo máximo que sea posible sobre la opinión pública. Aunque sea de forma desproporcionada, las dos partes tienen voces y micrófonos, y es a través de éstos como buscarán influir en la opinión del común de la gente para instalar la idea de inviabilidad de la ley por parte de unos, o de las conquistas que conlleva, por parte de otros.
Destino judicial
“El Grupo Clarín va a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos”, dijo Jorge Rendo, director de relaciones externas del grupo presidido por Ernestina Herrera de Noble. Tal como estaba previsto y anunciado, los multimedios echarán mano al recurso judicial, el último que les queda, a fin de salvar algo más de lo que la nueva legislación les permite, o bien para desprenderse de las licencias excedentes de la forma más conveniente a sus intereses.
Desde las filas oficialistas se entiende que la judicialización de la nueva ley apunta a poner trabas a su plena aplicación. Para Luis Lázaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión y uno de los redactores del texto de la ley, no hay argumentos válidos para sostener su inconstitucionalidad. En declaraciones al diario Página 12, Lázaro reconoció que, de todas formas,
“hasta que no se resuelva en la Corte Suprema, no se puede decir que el asunto esté jurídicamente terminado”.
Así las cosas, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual parece tener asegurada al menos una parada en cada uno de los poderes. Partió desde el Ejecutivo, hizo el correspondiente pasaje por el Legislativo y seguramente hará escala en el Judicial. Dada la voluntad opositora de reformular y hasta derogar determinados artículos, es posible que la ley vuelva al ámbito parlamentario, en lo que sería tal vez su última parada. Allí la oposición será jefa de estación, pero vistas las negociaciones de los titulares de los bloques oficialistas de ambas cámaras, en el Parlamento todo puede suceder. Este Senado, que un año atrás le fue adverso al gobierno en el tema de las retenciones a las exportaciones agroganaderas, es el mismo que aprobó por 20 votos de diferencia la nueva ley de medios, por lo que el tema está lejos de concluir y más aun de que se sepa, finalmente, a favor de quién.
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