En menos de una semana la ley de medios acumuló tres fallos judiciales en su contra; Macri sigue sumando designaciones polémicas
La prevista batalla judicial que se desataría tras la sanción de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (ley SCA) ya registró sus primeros rounds. El miércoles pasado, ante la presentación de una medida cautelar por parte del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone suspendió la aplicación de los artículos 41 y 161, los cuales, según el fallo, “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita” que la Constitución nacional garantiza. El artículo 161 es uno de los más álgidos, ya que obliga a los propietarios de licencias excedentes a que se deshagan de ellas en el término de un año, plazo calificado como “insuficiente” por sus detractores desde que la ley se debatía en las diferentes comisiones parlamentarias. El 41, por su parte, establece que sólo se pueden vender medios con autorización oficial, que es facultad del Congreso de la Nación, que haría depender de voluntades y amistades políticas el traspaso de titularidades.
También la semana pasada, y respondiendo a un pedido del Comité de Defensa al Consumidor, el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina redactó el segundo fallo, a través del cual se suspenden los límites para la acumulación de licencias y se ordena al Poder Ejecutivo que no reglamente la norma. El tercer fallo llegó ayer desde la provincia de Mendoza, donde la jueza federal Olga Pura de Arrabal dio lugar a una medida cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas, del justicialismo disidente, la que “suspende la aplicación de la ley en todo el país”, según manifestó el abogado patrocinante de Thomas.
Por su parte, tal vez previendo lo que se avecinaba, la secretaría de Comercio Interior, comandada por el cuestionadísimo Guillermo Moreno, dejó sin efecto la fusión entre las empresas de televisión por cable Cablevisión y Multicanal. Así, el oficialismo desarticula el cuasi monopolio que ostentaba casi la mitad del mercado y al que, paradójicamente, le había dado el visto bueno al autorizar tal fusión durante la administración Kirchner.
Ninguna Posse
Como si no le hubiese sido suficiente la pérdida de crédito político que le acarreó la ratificación de Jorge Fino Palacios (y posteriormente la de su sucesor, Osvaldo Chamorro) al frente de la Policía Metropolitana, Mauricio Macri confirmó una y otra vez como nuevo ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a Abel Posse (en reemplazo del desplazado Mariano Narodowski, salpicado por la causa de las escuchas ilegales). Posse, abogado y escritor, ni bien fue designado desató un fuerte rechazo desde diversos sectores (especialmente varios gremios de docentes) a causa de su abordaje del presente y del pasado reciente del país.
Respecto de los juicios a los represores de la última dictadura, planteó (en una entrevista que le hizo Página 12) la idea de “una fórmula argentina para salir del problema gravísimo de una divisoria eterna”. “Es indudable que la muerte tiene que ser considerada de los dos lados y tiene que haber una amnistía con la que podamos superar esto sin llevar toda la vida la situación creada. Ésa es la idea, que es muy difícil de aplicar”, dijo. Posse habla de una amnistía “para todos”, por extensión adhiere a la “teoría de los dos demonios” y toca fibras muy sensibles en la sociedad argentina, equiparando a los partícipes del terrorismo de Estado con quienes padecieron sus tormentos. Como pluma decididamente de derecha, Posse fue citado por el ex militar Luciano Benjamín Menéndez (que volvió a ser condenado a cadena perpetua hace pocos días por delitos de lesa humanidad) en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia.
En cuanto al presente, las ideas de Posse están en total consonancia con lo que preconiza para administrar el pasado. Ante el tema del creciente delito violento -la mediática inseguridad- Posse propone trasplantar las soluciones que han encontrado otros países: la reducción de la edad de imputabilidad, “según lo saben los psicólogos, a 13 o 14 años”. Se reivindica especialista en marxismo y manifiesta tomar la idea de la revolución rusa: “La idea europea era la inimputabilidad del niño, pero el Politburó planteó que el asesino era primero asesino y después niño”.
Pero esta idea, casi un siglo después y en manos de una derecha absolutamente visceral, puede tornarse en el caldo de cultivo de la legalidad de una represión indiscriminada, cosa que el gobierno macrista considera herramienta de uso habitual, especialmente para garantizar la libre circulación ante manifestaciones que corten las calles. Antes de atender las causales por las cuales
un niño se convierte en asesino, Posse apunta a las consecuencias y a las formas de paliarlas, apelando una vez más a la táctica represiva en lugar de a la preventiva. Pero Posse seguirá a cargo de la educación de los niños y adolescentes porteños, a pesar de que el rechazo a su figura pueda incrementarse aun más. A su vez, Mauricio Macri ratifica su línea, pero sin la suficiente cintura política que le permita reposicionarse como una opción atendible dentro de la derecha argentina. ■
Al cierre de la edición, Abel Posse presentó su renuncia al cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
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