Diario El Nuevo Siglo - Bogotá, Colombia. 19/08/2006Por: Maximilano Perel
Especial para EL NUEVO SIGLO
Buenos Aires, Argentina
Argentina es para muchas personas un destino a donde se puede emigrar en busca de mejores condiciones económicas, que con el paso de los años ha develado una problemática de estigmatización social.
EL INCENDIO de un taller textil en Buenos Aires, a fines de marzo último, que cobró la vida de seis personas, es un hecho que, si bien ya no es noticia, resulta relevante dado que puso en el tapete por esos días un tema que nunca escapó al conocimiento de los funcionarios ni del común de la gente, pero acerca del cual poco y nada se venía haciendo. Las víctimas de tal incendio eran de origen boliviano y trabajaban en el lugar en condiciones propias de la esclavitud, ya que la labor era a destajo, la paga mísera y la vida privada controlada celosamente.
Dada la repercusión que tuvo el hecho, algunos funcionarios se hicieron presentes en el lugar y, tal como ocurrió en el caso del boliche “Cromañón” (donde en diciembre de 2004 perdieron la vida más de 190 personas), las autoridades se vieron obligadas, tanto por la particular circunstancia, por la opinión pública y por la preservación de su futuro político, a tomar cartas en el asunto para que el conjunto de las instituciones con injerencia en el tema diese una respuesta adecuada.
La regularización
Una amplia variedad de declaraciones, opiniones, informes acerca de la creación de instituciones ad-hoc y compromisos varios no tardaron en proliferar en los medios de comunicación: desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se asumió el compromiso para terminar con las organizaciones mafiosas que regentean los cientos de talleres clandestinos que hay en la ciudad y sus alrededores, mientras que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, anunció por entonces la creación de un Observatorio de Derechos Humanos a fin de combatir penalmente la reducción a servidumbre de la que son víctimas los miembros de la comunidad boliviana en el país. El gobierno Porteño acordó con la secretaría de Trabajo una acción conjunta para clausurar los talleres que operan en la clandestinidad e intervenir en los casos de explotación. Asimismo, se hizo saber que los trabajadores serán incorporados a planes sociales.
Otra de las consecuencias es que, apresurado por la tragedia del taller textil, desde mediados de abril último se implementa el Programa de Normalización Documentaria Migratoria, a través del cual más de un millón de ciudadanos de países fronterizos han comenzado a regularizar su situación en la Argentina de forma gratuita.
Un problema de atrás
Esta cadena de reacciones oficiales, según se puede apreciar, está viniendo a atender las demandas que se arrastran desde que la inmigración desde países vecinos se afirmó durante la década de los noventa. Buscando aquellas oportunidades que en su país no encontraban y aún hoy siguen sin encontrar, miles de personas llegaron a la Argentina movilizadas por la posibilidad de ganar un buen dinero. Por entonces la moneda argentina estaba a la par del dólar gracias a la “ley de convertibilidad” (cuyas nocivas consecuencias macroeconómicas contribuyeron a detonar la crisis de 2001) y fueron muchos quienes llegaron, principalmente desde Bolivia, Paraguay y Perú, buscando mejorar su calidad de vida y la de los suyos, ya que una remesa de unos cien o doscientos pesos argentinos de la época permitía un mejor pasar a los familiares que habían quedado en casa.
Si bien la intención era permanecer por un período de tiempo prolongado para trabajar y luego retornar, la gran mayoría ingresó al país en calidad de turista ya que los trámites para obtener la residencia suelen demorar mucho tiempo y cuestan más de lo que estas personas pueden pagar; tal es así que desde el Gobierno de la Ciudad se apuntó al Consulado de Bolivia luego del incendio, señalándose que allí se llegaba a cobrar unos cien dólares estadounidenses para obtener los papeles que permiten ponerse en regla con las leyes argentinas. Entonces, el "escollo legal” empujó a esta gente a emplearse sin estar registrada ante el Estado, lo que posibilitó y alentó situaciones de abuso extremo que en muchos casos pueden calificarse, y sin exagerar, como esclavitud, puesto que muchas de estas personas trabajan en condiciones insalubres en jornadas que suelen superar las doce horas y no gozan de ningún tipo de cobertura social o previsional salvo, y con el permanente temor a la deportación, cuando deciden concurrir al hospital público, el que, según ha constatado en varias oportunidades este cronista, les presta la mejor atención posible sin hacer de nexo con las autoridades migratorias.
Corrupción
Sumado a la desatención oficial a las condiciones de vida de esta gente aparece la corrupción. Muchas son las denuncias sobre la connivencia entre los propietarios de los talleres y la policía, la que a cambio de hacer la vista gorda recibiría grandes sumas de dinero. Algunos residentes bolivianos también le apuntan a su Consulado, al que acusan de inacción pese a que ya hace muchos años se conoce el nivel de explotación y denigración a la que son sometidos.
Esta situación alcanza también a peruanos y paraguayos, quienes conjuntamente con los bolivianos han debido soportar la segregación, la estigmatización y la llana discriminación tanto por cuestiones de incompatibilidad cultural como por prejuicios xenófobos.
Es en este orden que, durante el gobierno de Carlos Menem, la desocupación en la Argentina registró su pico más alto en la historia del país, rozando el 20%. Desempleo y subocupación veían sus causales en la política macroeconómica implementada, la que estimuló la importación y la especulación financiera con el consecuente desmantelamiento de la industria local a la cual le era imposible competir, pero, y a pesar de los cientos de trabajos que demostraban esto, desde medios entonces oficialistas se responsabilizaba a estos inmigrantes por la falta de trabajo, aunque las estadísticas indicaban que esta mano de obra nunca superó el 1% en su participación en el mercado laboral local.
EL INCENDIO de un taller textil en Buenos Aires, a fines de marzo último, que cobró la vida de seis personas, es un hecho que, si bien ya no es noticia, resulta relevante dado que puso en el tapete por esos días un tema que nunca escapó al conocimiento de los funcionarios ni del común de la gente, pero acerca del cual poco y nada se venía haciendo. Las víctimas de tal incendio eran de origen boliviano y trabajaban en el lugar en condiciones propias de la esclavitud, ya que la labor era a destajo, la paga mísera y la vida privada controlada celosamente.
Dada la repercusión que tuvo el hecho, algunos funcionarios se hicieron presentes en el lugar y, tal como ocurrió en el caso del boliche “Cromañón” (donde en diciembre de 2004 perdieron la vida más de 190 personas), las autoridades se vieron obligadas, tanto por la particular circunstancia, por la opinión pública y por la preservación de su futuro político, a tomar cartas en el asunto para que el conjunto de las instituciones con injerencia en el tema diese una respuesta adecuada.
La regularización
Una amplia variedad de declaraciones, opiniones, informes acerca de la creación de instituciones ad-hoc y compromisos varios no tardaron en proliferar en los medios de comunicación: desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se asumió el compromiso para terminar con las organizaciones mafiosas que regentean los cientos de talleres clandestinos que hay en la ciudad y sus alrededores, mientras que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, anunció por entonces la creación de un Observatorio de Derechos Humanos a fin de combatir penalmente la reducción a servidumbre de la que son víctimas los miembros de la comunidad boliviana en el país. El gobierno Porteño acordó con la secretaría de Trabajo una acción conjunta para clausurar los talleres que operan en la clandestinidad e intervenir en los casos de explotación. Asimismo, se hizo saber que los trabajadores serán incorporados a planes sociales.
Otra de las consecuencias es que, apresurado por la tragedia del taller textil, desde mediados de abril último se implementa el Programa de Normalización Documentaria Migratoria, a través del cual más de un millón de ciudadanos de países fronterizos han comenzado a regularizar su situación en la Argentina de forma gratuita.
Un problema de atrás
Esta cadena de reacciones oficiales, según se puede apreciar, está viniendo a atender las demandas que se arrastran desde que la inmigración desde países vecinos se afirmó durante la década de los noventa. Buscando aquellas oportunidades que en su país no encontraban y aún hoy siguen sin encontrar, miles de personas llegaron a la Argentina movilizadas por la posibilidad de ganar un buen dinero. Por entonces la moneda argentina estaba a la par del dólar gracias a la “ley de convertibilidad” (cuyas nocivas consecuencias macroeconómicas contribuyeron a detonar la crisis de 2001) y fueron muchos quienes llegaron, principalmente desde Bolivia, Paraguay y Perú, buscando mejorar su calidad de vida y la de los suyos, ya que una remesa de unos cien o doscientos pesos argentinos de la época permitía un mejor pasar a los familiares que habían quedado en casa.
Si bien la intención era permanecer por un período de tiempo prolongado para trabajar y luego retornar, la gran mayoría ingresó al país en calidad de turista ya que los trámites para obtener la residencia suelen demorar mucho tiempo y cuestan más de lo que estas personas pueden pagar; tal es así que desde el Gobierno de la Ciudad se apuntó al Consulado de Bolivia luego del incendio, señalándose que allí se llegaba a cobrar unos cien dólares estadounidenses para obtener los papeles que permiten ponerse en regla con las leyes argentinas. Entonces, el "escollo legal” empujó a esta gente a emplearse sin estar registrada ante el Estado, lo que posibilitó y alentó situaciones de abuso extremo que en muchos casos pueden calificarse, y sin exagerar, como esclavitud, puesto que muchas de estas personas trabajan en condiciones insalubres en jornadas que suelen superar las doce horas y no gozan de ningún tipo de cobertura social o previsional salvo, y con el permanente temor a la deportación, cuando deciden concurrir al hospital público, el que, según ha constatado en varias oportunidades este cronista, les presta la mejor atención posible sin hacer de nexo con las autoridades migratorias.
Corrupción
Sumado a la desatención oficial a las condiciones de vida de esta gente aparece la corrupción. Muchas son las denuncias sobre la connivencia entre los propietarios de los talleres y la policía, la que a cambio de hacer la vista gorda recibiría grandes sumas de dinero. Algunos residentes bolivianos también le apuntan a su Consulado, al que acusan de inacción pese a que ya hace muchos años se conoce el nivel de explotación y denigración a la que son sometidos.
Esta situación alcanza también a peruanos y paraguayos, quienes conjuntamente con los bolivianos han debido soportar la segregación, la estigmatización y la llana discriminación tanto por cuestiones de incompatibilidad cultural como por prejuicios xenófobos.
Es en este orden que, durante el gobierno de Carlos Menem, la desocupación en la Argentina registró su pico más alto en la historia del país, rozando el 20%. Desempleo y subocupación veían sus causales en la política macroeconómica implementada, la que estimuló la importación y la especulación financiera con el consecuente desmantelamiento de la industria local a la cual le era imposible competir, pero, y a pesar de los cientos de trabajos que demostraban esto, desde medios entonces oficialistas se responsabilizaba a estos inmigrantes por la falta de trabajo, aunque las estadísticas indicaban que esta mano de obra nunca superó el 1% en su participación en el mercado laboral local.
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