El Nuevo Siglo, Bogotá - Colombia, 16 de Diciembre de 2006 .
El conflicto que sostienen Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa registra una estruendosa escalada que presagia la larga duración de la disputa
Por: Maximiliano Perel
Especial para EL NUEVO SIGLO
Argentina
LA DECISIÓN del gobierno uruguayo de enviar tropas del ejército a custodiar el perímetro de las obras de la planta de Botnia, bajo la excusa de “cuidar un predio en el que eventualmente podría suceder algún tipo de cosa”, según el prosecretario de la presidencia uruguaya, Jorge Vázquez, ha generado un profundo malestar en el gobierno del presidente Néstor Kirchner que consideró el hecho como una afrenta y pidió que las autoridades uruguayas “rectifiquen el error”.
La publicación de una nota de la periodista Marcela Sánchez (Washington Post, 24 de Noviembre de 2006), en la que se da relevancia al rumor de que una anciana se ofrecería como bomba humana para destruir la planta de Botnia, es un motivo bastante insuficiente para justificar la militarización de la zona.
En todo caso el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez busca así imprimir vehemencia con este gesto a la decisión de no modificar su política respecto de las pasteras y profundizar así su manejo de la opinión pública, el que mezcla la defensa de la soberanía y un patriotismo chauvinista con la ratificación de una política ambiental y económica fuertemente cuestionada desde dentro y fuera de Uruguay.
Desde la orilla argentina persisten los cortes del puente internacional José de San Martín, que une la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, medida de protesta llevada adelante por la asamblea de los vecinos de Gualeguaychú que el gobierno uruguayo califica como “presión” que impide el inicio de negociaciones bilaterales, además de propiciar grandes pérdidas económicas.
Sin embargo, y más allá de las instancias jurídicas y diplomáticas, Botnia continúa a paso firme la construcción de su planta tras obtener la aprobación de un préstamo por parte del Banco Mundial, lo cual es claramente interpretado como un visto bueno de parte de los grandes capitales financieros transnacionales que intervinieron en el diseño de la política forestal y productiva a aplicarse en Uruguay. También juega a favor de Botnia el acceso al control de una zona franca de comercio emplazada en Fray Bentos, el manejo de un puerto y la drástica reducción de impuestos con que ha sido beneficiada por parte del Estado uruguayo a fin de incentivar la inversión.
La estrategia de Ence
Por su parte, la empresa española Ence ha optado por una camino más prudente en relación a sus intereses al decidir no continuar con sus obras en Fray Bentos. Teniendo en cuenta que la posición de los habitantes de Gualeguaychú es firme y cuenta con el aval del gobierno argentino; que las soluciones diplomáticas y jurídicas se tomarán demasiado tiempo y que el conflicto es cuestión de Estados, optó por la reubicación de su planta. Hace pocos días trascendió que el lugar elegido es la localidad de Punta Pereyra, en el departamento de Colonia, a orillas del Río de la Plata y frente (aunque más alejado) a la Provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, si Ence apostaba a resolver el problema que significa el Tratado del Río Uruguay desplazando su planta, encontrará otro similar al abordar el texto del Tratado del Río de la Plata, que ambos países suscribieron en 1973. En el capítulo IX, dedicado al ítem “contaminación”, el artículo 48 reza que “cada parte se obliga a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad a los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales.”
De comenzar Ence sus obras en Punta Pereyra, el gobierno argentino seguramente echará mano a este Tratado para desalentar el traslado de la planta.
Diferentes abordajes
Muchos son los puntos desde los cuales se puede pensar el conflicto que enfrenta a estos países vecinos, hermanos por autodefinición.
Si se enfoca desde las necesidades que tiene Uruguay de activar fuertemente su economía, la inyección de capitales que significa este emprendimiento papelero no sólo que no es desperdiciable sino tal vez imprescindible. Para este país, que ve estribar su actividad económica en la industria primaria, sin agregado de valor, y en las ramas relacionadas con el turismo, los puestos de trabajo generados por estos emprendimientos logran dar vida en poco tiempo a la cada vez más deprimida economía interna uruguaya, ayudando al mismo tiempo a descender la alta tasa de desempleo.
Pero este modelo productivo tiene varios puntos negativos no menos importantes. El monocultivo de eucaliptos, además de agotar rápidamente las reservas de agua dulce del subsuelo, destruye la calidad de los suelos, tornándolos prácticamente inútiles en un futuro próximo. Asimismo, esta política de cultivos, al deteriorar los recursos naturales, erradica la actividad tradicional de la zona (pequeños productores, ganadería, lechería) sin ofrecer una alternativa que la remplace, generando desempleo desde otro lugar.
También el empleo generado por las papeleras hoy, especialmente en el sector de la construcción, será sustentable hasta que las plantas estén terminadas, mientras que la cantidad de personas que trabajarán para Ence y Botnia no constituye una cifra relevante para la reducción del desempleo.
Argentina argumenta su oposición al proyecto desde el daño ambiental que se registrará al comenzar las actividades de las plantas, la violación por parte de Uruguay del tratado del río homónimo y el revés que significa para la región y para el Mercosur el rumbo económico adoptado por el gobierno de Vázquez.
Que Argentina invoque la estabilidad del Mercosur contemplando la actitud uruguaya es, por lo menos, un tanto hipócrita luego de que tanto Uruguay como Paraguay viesen desoídos sus reclamos de mayor equidad a sus socios mayores.
Más allá de la particular posición de cada país, lo que aquí está en juego es la posibilidad de que la región logre un desarrollo sustentable en beneficio de su gente. Los intereses en juego son muchos y unos están a contramano de otros, teniendo ventaja aquellos que respondan al beneficio de los países centrales a causa de las presiones políticas y financieras.
El conflicto que sostienen Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa registra una estruendosa escalada que presagia la larga duración de la disputa
Por: Maximiliano Perel
Especial para EL NUEVO SIGLO
Argentina
LA DECISIÓN del gobierno uruguayo de enviar tropas del ejército a custodiar el perímetro de las obras de la planta de Botnia, bajo la excusa de “cuidar un predio en el que eventualmente podría suceder algún tipo de cosa”, según el prosecretario de la presidencia uruguaya, Jorge Vázquez, ha generado un profundo malestar en el gobierno del presidente Néstor Kirchner que consideró el hecho como una afrenta y pidió que las autoridades uruguayas “rectifiquen el error”.
La publicación de una nota de la periodista Marcela Sánchez (Washington Post, 24 de Noviembre de 2006), en la que se da relevancia al rumor de que una anciana se ofrecería como bomba humana para destruir la planta de Botnia, es un motivo bastante insuficiente para justificar la militarización de la zona.
En todo caso el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez busca así imprimir vehemencia con este gesto a la decisión de no modificar su política respecto de las pasteras y profundizar así su manejo de la opinión pública, el que mezcla la defensa de la soberanía y un patriotismo chauvinista con la ratificación de una política ambiental y económica fuertemente cuestionada desde dentro y fuera de Uruguay.
Desde la orilla argentina persisten los cortes del puente internacional José de San Martín, que une la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, medida de protesta llevada adelante por la asamblea de los vecinos de Gualeguaychú que el gobierno uruguayo califica como “presión” que impide el inicio de negociaciones bilaterales, además de propiciar grandes pérdidas económicas.
Sin embargo, y más allá de las instancias jurídicas y diplomáticas, Botnia continúa a paso firme la construcción de su planta tras obtener la aprobación de un préstamo por parte del Banco Mundial, lo cual es claramente interpretado como un visto bueno de parte de los grandes capitales financieros transnacionales que intervinieron en el diseño de la política forestal y productiva a aplicarse en Uruguay. También juega a favor de Botnia el acceso al control de una zona franca de comercio emplazada en Fray Bentos, el manejo de un puerto y la drástica reducción de impuestos con que ha sido beneficiada por parte del Estado uruguayo a fin de incentivar la inversión.
La estrategia de Ence
Por su parte, la empresa española Ence ha optado por una camino más prudente en relación a sus intereses al decidir no continuar con sus obras en Fray Bentos. Teniendo en cuenta que la posición de los habitantes de Gualeguaychú es firme y cuenta con el aval del gobierno argentino; que las soluciones diplomáticas y jurídicas se tomarán demasiado tiempo y que el conflicto es cuestión de Estados, optó por la reubicación de su planta. Hace pocos días trascendió que el lugar elegido es la localidad de Punta Pereyra, en el departamento de Colonia, a orillas del Río de la Plata y frente (aunque más alejado) a la Provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, si Ence apostaba a resolver el problema que significa el Tratado del Río Uruguay desplazando su planta, encontrará otro similar al abordar el texto del Tratado del Río de la Plata, que ambos países suscribieron en 1973. En el capítulo IX, dedicado al ítem “contaminación”, el artículo 48 reza que “cada parte se obliga a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad a los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales.”
De comenzar Ence sus obras en Punta Pereyra, el gobierno argentino seguramente echará mano a este Tratado para desalentar el traslado de la planta.
Diferentes abordajes
Muchos son los puntos desde los cuales se puede pensar el conflicto que enfrenta a estos países vecinos, hermanos por autodefinición.
Si se enfoca desde las necesidades que tiene Uruguay de activar fuertemente su economía, la inyección de capitales que significa este emprendimiento papelero no sólo que no es desperdiciable sino tal vez imprescindible. Para este país, que ve estribar su actividad económica en la industria primaria, sin agregado de valor, y en las ramas relacionadas con el turismo, los puestos de trabajo generados por estos emprendimientos logran dar vida en poco tiempo a la cada vez más deprimida economía interna uruguaya, ayudando al mismo tiempo a descender la alta tasa de desempleo.
Pero este modelo productivo tiene varios puntos negativos no menos importantes. El monocultivo de eucaliptos, además de agotar rápidamente las reservas de agua dulce del subsuelo, destruye la calidad de los suelos, tornándolos prácticamente inútiles en un futuro próximo. Asimismo, esta política de cultivos, al deteriorar los recursos naturales, erradica la actividad tradicional de la zona (pequeños productores, ganadería, lechería) sin ofrecer una alternativa que la remplace, generando desempleo desde otro lugar.
También el empleo generado por las papeleras hoy, especialmente en el sector de la construcción, será sustentable hasta que las plantas estén terminadas, mientras que la cantidad de personas que trabajarán para Ence y Botnia no constituye una cifra relevante para la reducción del desempleo.
Argentina argumenta su oposición al proyecto desde el daño ambiental que se registrará al comenzar las actividades de las plantas, la violación por parte de Uruguay del tratado del río homónimo y el revés que significa para la región y para el Mercosur el rumbo económico adoptado por el gobierno de Vázquez.
Que Argentina invoque la estabilidad del Mercosur contemplando la actitud uruguaya es, por lo menos, un tanto hipócrita luego de que tanto Uruguay como Paraguay viesen desoídos sus reclamos de mayor equidad a sus socios mayores.
Más allá de la particular posición de cada país, lo que aquí está en juego es la posibilidad de que la región logre un desarrollo sustentable en beneficio de su gente. Los intereses en juego son muchos y unos están a contramano de otros, teniendo ventaja aquellos que respondan al beneficio de los países centrales a causa de las presiones políticas y financieras.
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