De onda

Un proyecto de ley de medios en Argentina evitaría su concentración en pocas manos, y además golpearía a críticos del gobierno. El caso paradigmático de la concentración de medios en Argentina es el Grupo Clarín, dueño de diarios, canales, radios y más. Pero es también un ejemplo, en particular con su diario Clarín, de un periodismo que el kirchnerismo considera opositor. Ahora el oficialismo se propone evitar que los medios se concentren en grandes grupos. De paso, esa medida terminaría por pasar factura a quienes tomaron partido por los productores rurales en el mayor conflicto que enfrentó la administración de Cristina Fernández.

NI BIEN tomaron por asalto el poder en Argentina, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas se repartieron el control de los canales de televisión y de las radios más importantes. A decir verdad, más bien los asaltaron y, con el fin de dar un marco legal a la intervención de los medios de comunicación, en setiembre de 1980, la dictadura sancionó el Decreto-ley 22.285 de Radiodifusión, que sobrevive luego de 25 años de democracia y tras dos centenares de modificaciones, que no lograron borrar del todo el espíritu de la norma.

Muchos de los cambios que se introdujeron al decreto llegaron durante la década menemista (1989- 1999), en la que se registró un exponencial crecimiento de los llamados multimedios, grupos que son dueños tanto de canales de aire y de cable, como de empresas de servicios de televisión para abonados, radios, diarios, y portales en internet.
La concesión discrecional de diferentes ondas fue otro factor importante de la larga lista de hechos de corrupción del gobierno de Carlos Menem. Un ejemplo fue la privatización de la onda de AM 710, ubicada en el estratégico centro del dial, y que pertenecía a la estatal Radio Nacional.
Esa frecuencia fue otorgada a Daniel Hadad, funciona hoy bajo el nombre de Radio 10, y su privatización significó el inicio en el mundo de los negocios del otrora periodista discípulo de Bernardo Neustadt.

Al poco tiempo, Hadad se hacía cargo de Canal 9 de la televisión abierta, y aunque luego vendió gran parte del paquete accionario, se quedó con el control del servicio de noticias de la emisora. Después adquiriría el diario Buenos Aires Económico, rebautizado Infobae por razones de marketing, y hace poco obtuvo el canal de noticias C5N.

Unos mucho y otros más
Pero la acumulación de medios de comunicación tiene al Grupo Clarín como caso paradigmático. Es propietario del diario homónimo, controla la totalidad del paquete accionario de Página 12, del periódico de distribución gratuita La Razón, del diario deportivo Olé, de AM 790 Radio Mitre, de su homónima AM 810 de Córdoba, de dos importantes diarios del interior (La voz del interior, de Córdoba, y Los Andes, de Mendoza), el canal de noticias TN, las operadoras de televisión por cable Cablevisión y Multicanal, el 50% de la agencia de noticias Diarios y Noticias y el 60% del canal codificado de fútbol TyC Max, entre la larga lista de negocios en los que participa tanto en la Argentina como en Brasil, Chile y Uruguay.

Otras voces, otros ámbitos
Como coletazo del conflicto gobierno- productores rurales, en el cual Clarín, La Nación y otros importantes medios se alinearon tras las entidades del campo, el oficialismo instaló el debate sobre una nueva ley argumentando la necesidad de una política plural que contemple el democrático acceso de todos los sectores sociales al control de un medio de comunicación.
Este proyecto de ley, que el gobierno desempolvó y cuyo debate impulsa en el Parlamento- si es que el caso de la reestatización de Aerolíneas Argentinas no lo posterga- contempla modificaciones de fondo en lo que se refiere a concesiones de ondas, tipificación de licenciatarios y
contenidos de las programaciones.
La Coalición por una Radiodifusión Democrática, una suerte de comisión ad hoc conformada por diferentes organizaciones sociales y políticas que apoyan el proyecto, manifiesta en los 21 puntos del documento “Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia” que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. Es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información”.

El proyecto propone una tipificación de los concesionarios de las ondas, que se divide en tres grupos: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, y prevé repartir las emisoras existentes y las que se crearían, en tres partes iguales, una para cada grupo.

De paso, cañazo

Sotto voce, el entorno kirchnerista sostiene que el impulso de esta ley es también una posibilidad de escarmiento para el conglomerado de medios que le jugaron en contra al gobierno de la presidenta Cristina Fernández durante el conflicto con el ruralismo, en especial el Grupo Clarín. Este grupo empresarial, según allegados al gobierno, necesita del Ejecutivo para la digitalización del espacio radiofónico, lo cual permitiría la creación de nuevas ondas, además de una mejor calidad de emisión y recepción.

Los editorialistas del diario La Nación no perdieron el tiempo y, en la edición del 3 de mayo pasado, disparaban: “debería evitarse avanzar sobre algunos de los 21 puntos de la llamada Coalición por una Radiodifusión Democrática, que según el interventor del Comité Federal de Radiodifusión ha hecho suyos el gobierno nacional. En tal sentido, no debería avanzarse sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias, ya que esto coartaría la posibilidad de un empresario de capitalizar su éxito o paliar su fracaso. Tampoco parece aconsejable que se fijen criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones”.

Pelota al medio

Al igual que en el marco del conflicto gobierno-productores rurales, la puja por el control de los medios de comunicación sería utilizada para reciclar el debate sobre el modelo de país a seguir, aunque esta vez hilando más fino.
Los propietarios de los grandes medios no están dispuestos a ceder lo que conquistaron en un decenio de liberalismo: por entonces el Estado garantizaba la concreción de fabulosos negocios y el control de la opinión pública con su política de ausencia y desregulación.
Ahora el Estado amenaza con intervenir en terreno delicado. Si bien existen argumentos para su intervención en la materia, para que las ondas que utilizan los medios ofrezcan a la población diversas voces, las buenas intenciones quedan desvirtuadas cuando se puede deducir que existe otra motivación coyuntural para la acción estatal, la de castigar a los grupos económicos que le jugaron en contra en algo tan sensible como el manejo y formación de la opinión pública. ■

Nota publicada en La Diaria - Montevideo, Uruguay - 27 de agosto de 2008.