Derechos humanos en tiempos K

Las cadenas perpetuas a los ex represores argentinos Menéndez y Bussi son un capítulo de una serie de juicios que continuará

Aunque a grandes rasgos estriba en la firme decisión de continuar con los procesos judiciales contra los militares y civiles que cometieron delitos durante la última dictadura argentina, la política de derechos humanos es uno de los puntos fuertes de la gestión kirchnerista. Si bien algunos analistas la ven como una estrategia del gobierno para granjearse la simpatía de los sectores medios progresistas y neutralizar los descontentos que pudieran surgir en ellos, lo cierto es que aquello que debería resolverse mediante el simple funcionamiento de los resortes judiciales terminó dependiendo de la voluntad política de un gobierno.

El regreso a la vida democrática en la Argentina, a diferencia de otros países de la región, no fue fruto de una negociación con el último gobierno de facto sino consecuencia del declive del autodenominado '*Proceso de Reorganización Nacional'; el golpe que depuso a la viuda de Perón el 24 de marzo de 1976. La dictadura que comenzó entonces se valió de una metodología nunca vista en la historia del país, basada en la inmovilización de la sociedad civil a fuerza del terror que sembró la aplicación brutal y sistemática de la violencia.

Al autoritarismo en lo político lo acompañó en lo económico el liberalismo del ministro de Economía más emblemático del régimen, José Martínez de Hoz. La desregulación de la economía, el paraíso fiscal que ofreció a los especuladores financieros y el exponencial incremento de la deuda externa fueron algunas de las medidas que afectaron al grueso de la población, que insinuaba su descontento en la medida en que la brutalidad del régimen lo permitía.
Con la organización y conquista del Mundial de Fútbol de 1978, la dictadura hizo su primer intento de mejorar su imagen con dosis de nacionalismo y patriotismo. Resultó exitoso, a diferencia del segundo, la invasión a las Islas Malvinas en abril de 1982, decretada y arengada por el entonces presidente, Leopoldo Fortunato Galtieri, que significó un desastre en lo militar y en lo político, dejando 600 muertos. La derrota militar ante los británicos se tradujo casi de inmediato en derrota política. Era el principio del fin de la más sangrienta dictadura militar que sufrió la Argentina.

A sabiendas de que le quedaba poco tiempo y para resguardarse de futuras acciones judiciales en su contra, la última Junta Militar promulgó, en marzo de 1983, la ley de autoamnistía. Declaró: "extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores, y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”. Así eximían a los suyos, y también, en una burla, a 30.000 detenidos desaparecidos que ya no podrían enfrentar juicio alguno en su contra, y a otros miles que sufrieron la tortura, el secuestro o el exilio. Sentaban además precedente sobre lo que luego se conocería como la “teoría de los dos demonios”.

La casa en orden
A pocos días de asumir la presidencia, tras la dictadura, Raúl Alfonsín firmó los decretos 157 y 158. En el primero declaró la necesidad de promover la persecución penal por hechos cometidos tras el 25 de mayo de 1973 -fecha en la que Héctor Cámpora, delfín de Juan Domingo Perón, asumió la presidencia- contra algunos de los integrantes de la cúpula del movimiento Montoneros: Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, Héctor Pardo y Ricardo Obregón Cano. En la lista figuraba sólo un nombre vinculado al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, de raíz guevarista), el de Enrique Gorriarán Merlo. Así quedaron excluidos varios de sus dirigentes. Algunos de ellos morirían en el asalto del Movimiento Todos por la Patria (MTP, una continuación del ERP) al destacamento militar de La Tablada en enero de 1989.
Este decreto favorecía, según sus detractores, a la "teoría de los dos demonios” que buscaba equiparar el accionar de la guerrilla con el del terrorismo de Estado. Pero Gorriarán Merlo sostuvo que se trató de un argumento para llevar a las Juntas a juicio, según supo en 1984 de fuentes diplomáticas argentinas y del gobierno sandinista de Nicaragua. De allí se desprende también el feeling entre el radicalismo los antiguos integrantes del ERP, quienes ya bajo el nombre de MTP, y con el argumento de resistir un inminente golpe de Estado, anunciado por asonadas militares, asaltaron La Tablada.

Aquí están, éstos son
El otro decreto, el 158, disponía juzgar a los integrantes de las tres Juntas Militares que gobernaron a lo largo de la dictadura, proceso judicial conocido como "Juicio a las Juntas”, que por su magnitud y ausencia de precedentes trascendió las fronteras argentinas. Este proceso finalizó en diciembre de 1985 y sentenció a prisión perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (ex integrantes de la primera Junta Militar). Galltieri, en cambio, fue absuelto.
El 23 de diciembre de 1986 la Cámara de Diputados aprobó la “Ley de Punto Final” que puso un tope de 60 días para iniciar acciones judiciales a militares implicados en delitos durante la dictadura. La responsabilidad política de esta ley fue asumida por el propio Alfonsín.
Meses después, llegó el primer alzamiento de los militares "carapintadas" al mando del teniente coronel Aldo Rico, para exigir la amnistía para sus colegas y la remoción de la cúpula militar. A1fonnsín se encontraba en una encerrona institucional y ante una aguda crisis económica. En junio de 1987, el Congreso promulgó la "Ley de Obediencia Debida" para poner fin alas alzamientos militares, cosa que no logró. En enero de 1988, A1do Rico tomó el destacamento de Monte Caseros. En diciembre Mohamed Alí Seineldín se alzó en el Batallón de Arsenales de Villa Martelli por no haber sido recomendado para ascender a general.
En 1989, ya en medio de una hiperinflación que devastó la economía y frente a una institucionalidad debilitada, Raúl Alfonsín entregó, cinco meses antes de lo previsto, el poder a Carlos Menem.

Indultos Menem SA
“Memorias de Enrique Gorriarán Merlo”, libro que el ya fallecido guerrillero escribió desde la cárcel, denunció la existencia de un pacto cívico-militar entre Carlos Menem y Seineldín. Tal pacto nunca se comprobó, pese a varios indicios al respecto, como la defensa pública del proceso militar que hizo más de una vez el propio Menem. Y fue él quien firmó en 1989 los indultos que beneficiaron a 216 militares y 64 civiles, y en 1990, otro para Videla, Lambruschini, Massera, Agosti y Pajarito Suárez Mason. Este indulto absolvía también a Firmenich y otros jefes guerrilleros. Otra vez, la "teoría de los dos demonios”.
El primero que osó plantear la inconstitucionalidad de los indultos, apenas un mes después de decretados, fue un fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón. La Cámara Federal de Bahía Blanca acompañó su posición, pero luego la Suprema Corte de Justicia convalidó los indultos de Menem.
En abril de 1998, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pidió a la Cámara Federal de esa ciudad investigar las desapariciones ocurridas durante la dictadura, lo que propició los llamados "Juicios por la Verdad'; que ayudaron a conocer más sobre el destino de los desaparecidos.
Aún en pleno menemismo, en marzo de 1998, el Congreso derogó las leyes de "obediencia debida" y "punto final'; aunque las causas militares seguían cerradas. Recién en 2001 el juez Gabriel Cavallo declaró la "inconstitucionalidad y la nulidad insanable" de las leyes de esas normas. En 2003 el Congreso las anuló, y la Corte Suprema ratificó en 2005 esa posición, con lo que se reiniciaron los juicios contra ex represores.

Para el recuerdo
La política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández va un poco más allá hacia la promoción de la justicia, sea con hechos concretos o simbólicos. Por ejemplo, Kirchner ordenó descolgar la pintura de Videla de la sala en la que el Ejército conserva los retratos de todos sus jefes y desalojó a la Marina de la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), acaso el centro clandestino de detención más emblemático por la cantidad de víctimas que allí cayeron.
Las cadenas perpetuas a los ex represores argentinos Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba, y Antonio Domingo Bussi, en Tucumán, son el capítulo más reciente de una larga serie de procesos judiciales. Los dos fueron autoridades de la dictadura en sus provincias, y Bussi además obtuvo el aval de la ciudadanía para gobernar la suya en democracia. Otro caso emblemático fue el del ex capellán de la policía Christian Van Wernich, condenado a reclusión perpetua por seis asesinatos, 42 privaciones ilegítimas de la libertad y 32 casos de torturas.
Pero algunas células de la represión parecen estar activas y operar todavía con impunidad. En septiembre de 2006, Miguel Etchecolatz, ex comisario de la policía bonaerense, fue sentenciado a prisión perpetua por genocidio por el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata, el que sentó jurisprudencia al incorporar a sus cargos el delito de “genocidio”.
El principal testigo en esa causa, Julio López, una de las tantas víctimas de Etchecolatz durante la dictadura, desapareció a pocos días de declarar. Ante la conmoción que generó el caso, el gobierno lanzó una impresionante campaña mediática y ofreció una recompensa de 65.000 dólares a quien aportase datos, con el fin de hallarlo. Pero López continúa desaparecido. Otros antiguos militantes, también vinculados al peronismo de base, fueron secuestrados por algunas horas y torturados tras declarar en juicios menos resonantes.
El gobierno, en público, hace prudentes referencias a su política de derechos humanos, que a los juicios contra ex represores suma acciones como la cesión a organizaciones sociales del predio de la ESMA, ahora un centro cultural destinado a conservar la memoria.

Nota publicada en La Diaria, Montevideo - Uruguay, el 10 de septiembre de 2008.