La decisión del gobierno argentino de estatizar las jubilaciones sacudió a la economía y a la política
Una estrepitosa caída del Merval (índice de la Bolsa de Valores de Buenos Aires), la fuerte intervención del Banco Central en el mercado del dólar y las críticas de la oposición acompañaron el anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de que su gobierno se propone estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
A la noticia siguieron las dudas sobre el futuro de los empleados de estas empresas y las especulaciones sobre el manejo del dinero que de ahora en más ingresará a las arcas estatales (unos 15.000 millones de pesos). La medida oficial, que elimina el régimen de jubilaciones privadas creado durante la gestión de Carlos Menem, y lo estatiza, apunta a enfrentar las consecuencias de la debacle financiera mundial, pero generó una serie de reacciones que hasta ayer no se detenía en Argentina.
El juez Claudio Bonadio dispuso allanamientos a las sedes de las diez AFJP que operan en Argentina para investigar si cometieron el delito de defraudación a la administración pública. Ante una denuncia de Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social. El martes, Marijuan acusó a las AFJP de salir a vender de apuro sus acciones y sus títulos de deuda argentina al enterarse de que el gobierno planea estatizar el sistema jubilatorio. De inmediato, Bonadio prohibió a las AFJP operar en el mercado, por una semana, con el fin de mantener intactas sus carteras de inversiones, reducir las pérdidas de esas empresas (que a esa altura oscilaban en el 4%) y evitar operaciones fraudulentas con sus títulos.
Aunque la justicia interviniera así para evitar descalabros financieros, escaparon a su órbita el índice Merval, que cerró ayer con una caída del 10%, inédita desde 2004, el Índice General de la Bolsa cayó un 9,37%, y también sufrieron caídas los títulos de deuda argentina. El riesgo país se disparó y sólo el dólar quedó intacto. Ya el martes, pocas horas antes de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la reestatización de la administración de las jubilaciones y pensiones, la Bolsa de Valores de Buenos Aires experimentó una baja del 10,99%, y llegó a picos del 13% antes del cierre de las operaciones.Las acciones bancarias, protagonistas casi exclusivas del negocio de la administración privada de jubilaciones y pensiones, fueron de las que más perdieron el martes.
El juez Claudio Bonadio dispuso allanamientos a las sedes de las diez AFJP que operan en Argentina para investigar si cometieron el delito de defraudación a la administración pública. Ante una denuncia de Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social. El martes, Marijuan acusó a las AFJP de salir a vender de apuro sus acciones y sus títulos de deuda argentina al enterarse de que el gobierno planea estatizar el sistema jubilatorio. De inmediato, Bonadio prohibió a las AFJP operar en el mercado, por una semana, con el fin de mantener intactas sus carteras de inversiones, reducir las pérdidas de esas empresas (que a esa altura oscilaban en el 4%) y evitar operaciones fraudulentas con sus títulos.
Aunque la justicia interviniera así para evitar descalabros financieros, escaparon a su órbita el índice Merval, que cerró ayer con una caída del 10%, inédita desde 2004, el Índice General de la Bolsa cayó un 9,37%, y también sufrieron caídas los títulos de deuda argentina. El riesgo país se disparó y sólo el dólar quedó intacto. Ya el martes, pocas horas antes de que la presidenta Cristina Fernández anunciara la reestatización de la administración de las jubilaciones y pensiones, la Bolsa de Valores de Buenos Aires experimentó una baja del 10,99%, y llegó a picos del 13% antes del cierre de las operaciones.Las acciones bancarias, protagonistas casi exclusivas del negocio de la administración privada de jubilaciones y pensiones, fueron de las que más perdieron el martes.
El riesgo país, índice elaborado por la banca JP Morgan, se incrementó en un 21%, llegando a las 1.679 unidades básicas, bastante menos que el pico de 7.174 que alcanzó en 2002 cuando Argentina estaba en default. Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) operó fuerte en el mercado del dólar y vendió 120 millones para estabilizar su cotización en torno a los 3,24 pesos argentinos. Ésta fue la reacción del mercado financiero local ante otra reacción, la estatal, que según la presidenta, busca asegurar el sistema previsional ante la “obviedad del contexto internacional y nacional”, en referencia a la crisis financiera mundial.
Carrió dura con K
Horas antes de que hablase Cristina, la titular de Coalición Cívica, Elisa Carrió, aprovechó el lanzamiento de la candidatura a diputado por su espacio de Alfonso Prat Gay (presidente del BCRA durante la gestión de Eduardo Duhalde) para tirarle munición gruesa al oficialismo, en especial al ex presidente Néstor Kirchner.
Carrió habló de prácticas mafiosas para saquear el dinero de quienes tributan al régimen de capitalización con el fin de “hacer caja” y costear, entre otras cosas, la campaña para las elecciones legislativas del año próximo. En el acto de anuncio del fin del sistema jubilatorio privado, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, replicó que la decisión del gobierno no es un saqueo, sino que pretende rescatar de la incertidumbre a millones de jubilados y pensionistas. Saqueo, dijo Boudou, “fue el experimento fracasado del régimen de capitalización [el de las AFJP], por el cual los argentinos nos endeudamos en 100.000 millones de dólares y que hoy venimos a dar por terminado. El saqueo estaba representado por la entrega que la AFIP [la DGI argentina] hacía a las AFJP y éstas al sector público. Hemos llegado a pagar comisiones del 9,1% de lo que cada uno de los trabajadores aporta, y que llegaron a ser del 50%”.
De todas formas la oposición podrá actuar como auditora del manejo de los fondos ya que el proyecto de ley contempla la creación de una comisión bicameral que controle los flujos de dinero provenientes de los aportes jubilatorios.
Consultados por la diaria durante el acto, tanto el jefe del gabinete, Sergio Massa, como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, restaron importancia a la posible oleada de acciones judiciales que las AFJP y sus clientes podrían emprender contra el Estado. En particular, Massa se refirió a que el rumor de avalancha judicial pretende instalar temor y desconfianza acerca del flamante Sistema Previsional Argentino (Sipa), creado por el gobierno. Pero algunas AFJP ya recomiendan a sus clientes iniciar litigios ante la justicia. En su primera reacción, en un escueto comunicado, estas instituciones financieras criticaron la eliminación de su negocio por parte del Estado.
Habrá que esperar para conocer el alcance de su reacción, y el de la decisión del gobierno. El proceso de cambio iniciado demandará implementar el nuevo sistema previsional. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no remitió al Parlamento el proyecto que torne en ley el fin del sistema de capitalización y el pleno funcionamiento del Sipa, para el cual se espera un álgido debate similar al que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos. Los analistas políticos estiman que el debate en el Congreso demandará alrededor de un mes y descartan que el proyecto sea aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Al menos ésa es la intención del arco opositor, el que se niega a votar a libro cerrado y exige una legislación consensuada. ■
Horas antes de que hablase Cristina, la titular de Coalición Cívica, Elisa Carrió, aprovechó el lanzamiento de la candidatura a diputado por su espacio de Alfonso Prat Gay (presidente del BCRA durante la gestión de Eduardo Duhalde) para tirarle munición gruesa al oficialismo, en especial al ex presidente Néstor Kirchner.
Carrió habló de prácticas mafiosas para saquear el dinero de quienes tributan al régimen de capitalización con el fin de “hacer caja” y costear, entre otras cosas, la campaña para las elecciones legislativas del año próximo. En el acto de anuncio del fin del sistema jubilatorio privado, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, replicó que la decisión del gobierno no es un saqueo, sino que pretende rescatar de la incertidumbre a millones de jubilados y pensionistas. Saqueo, dijo Boudou, “fue el experimento fracasado del régimen de capitalización [el de las AFJP], por el cual los argentinos nos endeudamos en 100.000 millones de dólares y que hoy venimos a dar por terminado. El saqueo estaba representado por la entrega que la AFIP [la DGI argentina] hacía a las AFJP y éstas al sector público. Hemos llegado a pagar comisiones del 9,1% de lo que cada uno de los trabajadores aporta, y que llegaron a ser del 50%”.
De todas formas la oposición podrá actuar como auditora del manejo de los fondos ya que el proyecto de ley contempla la creación de una comisión bicameral que controle los flujos de dinero provenientes de los aportes jubilatorios.
Consultados por la diaria durante el acto, tanto el jefe del gabinete, Sergio Massa, como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, restaron importancia a la posible oleada de acciones judiciales que las AFJP y sus clientes podrían emprender contra el Estado. En particular, Massa se refirió a que el rumor de avalancha judicial pretende instalar temor y desconfianza acerca del flamante Sistema Previsional Argentino (Sipa), creado por el gobierno. Pero algunas AFJP ya recomiendan a sus clientes iniciar litigios ante la justicia. En su primera reacción, en un escueto comunicado, estas instituciones financieras criticaron la eliminación de su negocio por parte del Estado.
Habrá que esperar para conocer el alcance de su reacción, y el de la decisión del gobierno. El proceso de cambio iniciado demandará implementar el nuevo sistema previsional. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no remitió al Parlamento el proyecto que torne en ley el fin del sistema de capitalización y el pleno funcionamiento del Sipa, para el cual se espera un álgido debate similar al que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos. Los analistas políticos estiman que el debate en el Congreso demandará alrededor de un mes y descartan que el proyecto sea aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Al menos ésa es la intención del arco opositor, el que se niega a votar a libro cerrado y exige una legislación consensuada. ■
Nota publicada en La Diaria, Montevideo - Uruguay, 23 de octubre de 2008.
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