La reestatización del sistema previsional argentino se aprobó sin dificultades
El debate en el Senado argentino sobre la ley que elimina el sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se preveía acalorado y con incierto final, a semejanza del que se llevó a cabo acerca de las retenciones móviles, pero finalmente tuvo un desenlace sin sobresaltos y políticamente positivo para el gobierno de Cristina Kirchner. Al sumar apoyos propios y ajenos, y a diferencia de la dramática sesión que se realizó hace sólo cuatro meses y concluyó con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos (desatando la primera gran crisis del kirchnerismo desde que es gobierno), el bloque oficialista no tuvo dificultades para sumar el respaldo parlamentario que convierte en ley al flamante y estatal Sistema Previsional Argentino (Sipa).
Tras la aprobación del proyecto en Diputados por 162 votos contra 65, fueron eficaces las operaciones del jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, y del propio Néstor Kirchner, quienes lograron varias adhesiones que les habían sido esquivas a la hora de aprobar las retenciones móviles para las exportaciones agrícolas. Los senadores por Santa Fe Carlos Alberto Reutemann y Roxana Latorre, que habían votado en contra de las retenciones, acompañaron al oficialismo en esta instancia: así, el grupo de senadores peronistas “anti-K” vio reducido su núcleo de referentes, en el que permanecen, entre otros, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá e Hilda Chiche González de Duhalde.
También apoyaron la estatización del sistema previsional aliados extrapartidarios del kirchnerismo e incluso legisladores que integran Coalición Cívica, el espacio político de Elisa Carrió. Entre éstos el socialista Rubén Giustiniani, compañero de fórmula de Carrió en las últimas elecciones presidenciales; y los senadores Juan Carlos Martínez y Marina Díaz, ambos de Tierra del Fuego y alineados con la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos. Los tres se limitaron a plantear objeciones a ciertos artículos durante el debate en particular.
Para Carrió, la aprobación de esta nueva ley significa “un manotazo” a la caja de las jubilaciones y pensiones por parte del gobierno, al que atribuye, entre otras intenciones, la de costear con ese dinero la campaña oficialista para las elecciones legislativas del año próximo.
Al frente de la defensa del proyecto aprobado estuvieron tres altos funcionarios del gobierno (el jefe de gabinete, Sergio Massa; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Amado Boudou), que cumplieron con su cometido en conferencias de prensa y en numerosos programas periodísticos sobre la actualidad política.
Sin susto ni Cleto
Las exitosas gestiones de Pichetto y Néstor Kirchner le aseguraron al oficialismo salir casi ileso de esta prueba, pese a que el actual diputado por la provincia de Buenos Aires y ex gobernador del distrito, Felipe Solá, anunció su alejamiento del kirchnerismo, alegando que en él no hay lugar para el disenso, en clara alusión a la unipersonal conducción que ejerce el ex presidente, y convoca a formar un nuevo espacio llamado Unión Peronista. Otro que vio pasar esta coyuntura en calma fue el vicepresidente Julio Cobos, en ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo mientras la presidenta realiza una gira por el norte de África. Pero desde la Casa Rosada, Cleto dejó su marca en el Parlamento, ya que dos senadores que le responden votaron en contra de la creación del Sipa. ■
Nota publicada en La Diaria, Montevideo - Uruguay, 21 de Noviembre de 2008.
También apoyaron la estatización del sistema previsional aliados extrapartidarios del kirchnerismo e incluso legisladores que integran Coalición Cívica, el espacio político de Elisa Carrió. Entre éstos el socialista Rubén Giustiniani, compañero de fórmula de Carrió en las últimas elecciones presidenciales; y los senadores Juan Carlos Martínez y Marina Díaz, ambos de Tierra del Fuego y alineados con la gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos. Los tres se limitaron a plantear objeciones a ciertos artículos durante el debate en particular.
Para Carrió, la aprobación de esta nueva ley significa “un manotazo” a la caja de las jubilaciones y pensiones por parte del gobierno, al que atribuye, entre otras intenciones, la de costear con ese dinero la campaña oficialista para las elecciones legislativas del año próximo.
Al frente de la defensa del proyecto aprobado estuvieron tres altos funcionarios del gobierno (el jefe de gabinete, Sergio Massa; el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Amado Boudou), que cumplieron con su cometido en conferencias de prensa y en numerosos programas periodísticos sobre la actualidad política.
Sin susto ni Cleto
Las exitosas gestiones de Pichetto y Néstor Kirchner le aseguraron al oficialismo salir casi ileso de esta prueba, pese a que el actual diputado por la provincia de Buenos Aires y ex gobernador del distrito, Felipe Solá, anunció su alejamiento del kirchnerismo, alegando que en él no hay lugar para el disenso, en clara alusión a la unipersonal conducción que ejerce el ex presidente, y convoca a formar un nuevo espacio llamado Unión Peronista. Otro que vio pasar esta coyuntura en calma fue el vicepresidente Julio Cobos, en ejercicio transitorio del Poder Ejecutivo mientras la presidenta realiza una gira por el norte de África. Pero desde la Casa Rosada, Cleto dejó su marca en el Parlamento, ya que dos senadores que le responden votaron en contra de la creación del Sipa. ■
Nota publicada en La Diaria, Montevideo - Uruguay, 21 de Noviembre de 2008.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario