Debate y medio

El gobierno argentino impulsa su ley de medios y aumentó el enfrentamiento con el Grupo Clarín

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se propone aprobar en Argentina el gobierno de Cristina Fernández busca impedir el monopolio y el oligopolio y dar espacio a los medios comunitarios. Pero también se suma a la discusión el enfrentamiento entre el oficialismo y el Grupo Clarín, que denunció que varias de sus señales sufrieron interferencias causadas en forma intencional.

En los 25 años que transcurrieron desde la restauración de la democracia, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de SCA), que impulsa el gobierno de Cristina Fernández, es el primer intento de sustituir a la vigente ley 22.285 de radiodifusión, sancionada durante la última dictadura por el presidente de facto Jorge Rafael Videla y sus ministros de Economía y de Interior, José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy respectivamente. Con esta ley, los dictadores dieron marco jurídico al asalto de los medios de comunicación que acompañó al golpe de Estado de marzo de 1976. Los medios fueron repartidos en partes iguales ente la Marina, el Ejército y la Aviación y, si bien desde las primeras horas de la dictadura la libertad de prensa estaba absolutamente cercenada, la junta militar en el gobierno esperó hasta fines de la década de 1970 para oficializar el silenciamiento de medios y periodistas.
La ley 22.285 contemplaba la creación de un organismo de control de medios que integraban militares, servicios de inteligencia y empresarios, a la vez que rezaba: “La libertad de expresión está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional. La ley actual admite restricciones a la Libertad de Expresión basadas en este motivo”. Desde luego que contra la “Seguridad Nacional” atentaba todo comunicador o medio que denunciara los secuestros, torturas y asesinatos de los presos políticos o que criticara algún aspecto de las políticas del proceso militar, especialmente en materia económica. Incluso, por decreto expreso, llegaron a prohibir a la prensa cualquier crítica al plantel o al cuerpo técnico del seleccionado de fútbol que conquistó el campeonato mundial de 1978.
Ya entrada la democracia, y pese a los dos centenares de modificaciones que se le practicaron (en especial durante la gestión de Carlos Menem), quedan vestigios del espíritu de aquella ley, y los cambios que se realizaron propiciaron tanto la concentración de varios medios de comunicación en pocas manos como la discrecional concesión de estratégicas ondas radiofónicas.

Capítulo dos
En medio de un nuevo round con el ruralismo, y al recrudecerse su enfrentamiento con el Grupo Clarín, el oficialismo vuelve a poner el tema en el tapete, en tiempos de adversidad, con el fin de prolongar el respiro que le significó reunir los votos para adelantar las elecciones legislativas de octubre a junio. A su vez, en términos políticos, este proyecto de Ley de SCA puede interpretarse como una medida coyuntural que, con el fin de castigar y debilitar, apunta directamente a los intereses del Grupo Clarín y de otros que le jugaron en contra al gobierno en instancias decisivas en las cuales el manejo de la información y de la opinión pública son cruciales.
La vida política de la Argentina de hoy, como en muchos países, es mediática. Y en la coyuntura actual, sectores en apariencia disímiles, como el agroganadero y los medios de comunicación, se ven unidos ante la amenaza que para sus intereses significan las políticas que el gobierno pretende implementar en cada uno de los rubros. Con los mismos intereses en juego, y para aprovechar la oportunidad que tal coyuntura presenta para resquebrajar la hegemonía del kirchnerismo, gran parte de la oposición político-partidaria se les ensambla de forma natural para conformar así un gran bloque que incide directamente en los sensibles factores económicos, políticos y sociales.
Ante semejante adversario, el oficialismo ha de echar mano a las investiduras, a la vez que debe agrupar a la propia tropa (organizaciones sociales, intendentes, gobernadores, sindicalistas) y aprovechar cada minuto que lo separa de los comicios de junio para recuperar la forma.

Turbio por interferencia
El debate del anteproyecto de la Ley de SCA se vio empañado luego de que Artear (la empresa de contenidos audiovisuales del Grupo Clarín) denunciara que el martes y el miércoles de la semana pasada una serie de interferencias intencionales afectó sus señales Canal 13, el canal de noticias TN, AM 790 Radio Mitre, FM 100 y los canales de cable Metro, Magazine, Volver y TyC Sports.
Eduardo Bayo, gerente técnico de Artear, manifestó al propio diario Clarín que “si el problema estuviese en el satélite, todas las señales que recibe y retransmite se hubiesen interrumpido. Pero sólo las nuestras fueron afectadas”. Artear utiliza los servicios del satélite ISR3 de Intelsat, empresa que, según publicó Clarín, realizó un rastreo de la interferencia y determinó que tuvo origen en Sudamérica, sin poder precisar el punto exacto. Para el denunciante es necesario determinar el lugar del que partió la interferencia, ya que si hubiera sido desde Argentina debería tomar cartas en el asunto la Comisión Nacional de Comunicaciones, y si la interrupción se hubiera originado en otro país, debería hacerlo la autoridad nacional competente. En el Congreso, la Comisión de Comunicaciones ya se encuentra trabajando en el tema y el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer, dependiente de Presidencia de la Nación) adhirió al repudio a las interferencias.

Más allá de la coyuntura
La Ley de SCA, más allá del contexto en el que se debate, les daría voz (e imagen) a varios sectores de la sociedad que hoy no la tienen, a la vez que garantizaría la continuidad de aquellos que ya se ven y se oyen; sólo que su número se reduciría. Si se aprobara la nueva ley, habría tres tipos de concesionarios. A cada cual le correspondería el 33% de las ondas disponibles: públicos, privados (con fines de lucro) y organizaciones sin fines de lucro (universidades, congregaciones religiosas, sindicatos, asociaciones, mutuales, fundaciones, etcétera).
El organismo regulador de los servicios de comunicación sería un colegiado compuesto por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y la tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Este proyecto de ley, además, se propone impedir el monopolio y el oligopolio al promover el pluralismo del espectro y de los servicios de comunicación audiovisual, y asignar frecuencias al Estado Nacional, las provincias y las municipalidades. Incluye la reducción de 24 a 10 en la cantidad de licencias que puede tener un mismo titular, y de 15 a 10 años la tenencia de esas licencias, que podrán renovarse por un período semejante previas audiencias públicas. Establece un régimen abierto de participación para las cooperativas, mediante la implementación de medidas tendientes a evitar abusos de posición dominante, y regula los medios comunitarios (excluidos durante décadas). Asimismo, otorga al cine de producción nacional una cuota de pantalla.
Los grandes medios y la oposición equiparan este proyecto de ley al cercenamiento de la libertad de prensa, mientras que quienes lo impulsan destacan su carácter democrático y plural. Allí se centra un debate que adquiere diversas ramificaciones, algunas de las cuales son elevadas en la discusión a la categoría de “proyecto de país”, con lógico asidero unas veces y otras no tanto. ■

Nota publicada en la diaria, Montevideo - Uruguay, el 1º de abril de 2009.